Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal diseñado para ofrecer a personas físicas (individuos y autónomos) la posibilidad de liberarse de sus deudas y superar situaciones de insolvencia grave. Esta normativa, establecida en España mediante la Ley 25/2015, busca dar una salida justa y viable a aquellos que no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas, permitiéndoles iniciar de nuevo sin cargas financieras.

Objetivos principales:

• Liberar a las personas de sus deudas tras cumplir ciertos requisitos.
• Promover acuerdos extrajudiciales entre deudores y acreedores.
• Facilitar un nuevo comienzo financiero.

El proceso tiene dos fases clave: el acuerdo extrajudicial de pagos, que busca reestructurar o reducir la deuda con los acreedores, y la cancelación judicial, en la que se puede solicitar la exoneración total de las deudas no cubiertas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Durante el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad, la situación de los bienes del deudor puede variar según la fase en la que se encuentre. En general, el deudor debe ceder todos sus bienes y activos, salvo aquellos que son considerados imprescindibles para el ejercicio de su actividad profesional o personal.

Esto significa que, si el proceso avanza a la liquidación de activos, los bienes que no se consideren esenciales pueden ser vendidos para hacer frente a las deudas. Sin embargo, hay protecciones en su lugar para asegurar que el deudor mantenga la capacidad de vivir y trabajar.

Pueden solicitar la LSO todas aquellas personas físicas y autónomos que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento o insolvencia y no pueden pagar las deudas.

Cuando su situación económica y personal ha cambiado desde que contrató sus deudas y ahora no puede hacerse cargo de las obligaciones de pago. Puede tratarse de un caso de insolvencia actual o de insolvencia inminente (cuando por nuestra situación económica, prevemos que en un plazo corto de tiempo ya no podremos hacer frente al pago de la deuda).

Tienes que ser particular o autónomo, es decir persona física (no empresa).

Tienes que encontrarte en un estado de insolvencia actual o inminente.

Tienes que haber actuado de buena fe: pagado las deudas mientras podías, no haber falseado documentación, no esconder ingresos, etc.

El importe total de las deudas no puede superar los 5 millones de euros.

Debe cumplir al menos 10 años que no te has acogido a esta Ley.

No haber tenido sanciones administrativas muy graves de Hacienda o de la Seguridad Social.

En todos los pasos tendrás el acompañamiento de un profesional de nuestro despacho:

• Activar el DNI electrónico que nos permita realizar gestiones online.
• Rellenar un formulario online o personalmente con nuestra ayuda.
• Reunir la documentación básica relacionada con las deudas (la mayor parte de la documentación necesaria la podemos obtener nosotros directamente).

Una vez estudiado tu caso de forma personalizada y reunida toda la documentación, presentaremos la solicitud de cancelación de deudas en el juzgado correspondiente:

En caso de que seas una persona sin propiedades, si cumples los requisitos necesarios, presentaremos la solicitud y en un plazo de aproximadamente medio año, tus deudas quedarán canceladas. Garantizado al 100%.

En caso de que seas autónomo o tengas propiedades, nuestro equipo de abogados especializados estudiará tu caso y te diremos cómo puedes reducir o cancelar las deudas. Te acompañaremos en todo el proceso.

Las deudas con Hacienda y la Seguridad Social tienen un tope de cancelación de 10.000 euros en cada una. Si queda una cantidad pendiente, se acuerda un plan de pago con la administración.

En el caso de las hipotecas, se puede cancelar el 100% de la deuda con la entrega del inmueble.

Se pueden acoger todas las personas físicas y autónomos, pero las situaciones en las que el mecanismo es más automático y se puede garantizar la cancelación de las deudas a más corto plazo es cuando se trata de una persona física (particular) sin propiedades ni bienes a su nombre.

No. Mientras dure este proceso no se podrán seguir reclamando las deudas ni podrás ser objeto de embargo. Sí tendrás que seguir pagando la hipoteca de tu vivienda si quieres conservarla.

No todas las personas pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Para acceder a este procedimiento, se deben cumplir ciertos requisitos básicos que garantizan que solo aquellos en situación real de insolvencia puedan beneficiarse de él.

Esto incluye, entre otros, demostrar un estado de insolvencia actual o inminente y haber intentado previamente un acuerdo extrajudicial de pago con los acreedores. Estos requisitos son fundamentales para asegurar que el mecanismo se utilice de forma adecuada y responsable.

En los casos más sencillos puede durar unos 6 meses. En otros casos, puede durar entre 1 y 2 años, dependiendo de si existen bienes que deban liquidarse, si existe vivienda habitual con hipoteca, si existen deudas con Hacienda o Seguridad Social, etc.

Nuestros honorarios se adaptan a tu situación personal de forma que te sea posible y viable acogerte a la LSO.

En la mayoría de casos, la garantía de éxito es del 100%. Nuestro equipo de profesionales, apoyado por un equipo de abogados especializados, estudiará tu caso y te explicará cuáles son las mejores soluciones, con toda la honestidad y claridad.

En el caso de una vivienda en propiedad con una hipoteca, se puede mantener la vivienda pactando un plan de pago de la deuda con importantes rebajas de la deuda total.

Pero será necesario que el pago de la hipoteca esté al día, sin cuotas pendientes, y que el valor de la vivienda sea igual o inferior a la cantidad pendiente de amortizar de la hipoteca.

En caso de no querer mantener la vivienda, la Ley de Segunda Oportunidad permite cancelar las deudas. Es decir, pone fin a una situación muy complicada que hemos visto muchas veces: una persona debe entregar su vivienda porque no puede pagar la hipoteca pero el valor de la vivienda es inferior a la deuda pendiente y, por tanto, la afectado se queda sin vivienda y una deuda pendiente aún por saldar.

Con la LSO, el deudor podrá ser exonerado del pago de la cantidad restante de su hipoteca.

Con la LSO se pueden cancelar hasta 10.000 euros de deuda con cada una de estas administraciones. Para el resto, se pactará un plan de pago.

Durante el proceso, intervendrán distintas figuras y profesionales que llevarán a cabo todo el procedimiento de la forma más adecuada.

Tú no tendrás que presentarte en los Juzgados. Nosotros nos encargamos de todo.

Las deudas desaparecerán en el momento de obtener su cancelación con la Ley de Segunda Oportunidad.

Durante un período de 5 años, el juzgado podría revisar el caso si los acreedores lo piden. Podrían hacerlo, por ejemplo, si se sospecha que el deudor no ha obrado de buena fe y ha percibido una herencia o ha cobrado un premio de la lotería y no lo ha comunicado, por poner un ejemplo práctico.

Si la situación económica cambia y mejora notablemente durante este período, es posible revocar el beneficio de la LSO.

De lo contrario, una vez concluidos los 5 años, las deudas desaparecen para siempre.

• Dejar de pagar cuotas de préstamos, tarjetas de crédito, etc.
• Poder volver a pedir financiación.
• No sufrir embargo en la nómina.
• Desaparecer de los listados de morosidad.
• Volver a tener bienes en propiedad sin que se vean afectados por tus deudas.
• Empezar una nueva vida dejando atrás los problemas económicos.

La Ley de Segunda Oportunidad no tiene un impacto directo sobre el empleo del deudor, aunque la situación financiera puede influir en su desempeño laboral.

La posibilidad de reestructurar deudas y obtener la exoneración permite a los afectados centrarse nuevamente en su carrera o actividad profesional sin el peso de las deudas acumuladas.

Incumplir un plan de pagos aprobado puede tener consecuencias significativas. En la mayoría de los casos, esto podría llevar a la rescisión del acuerdo y a la reactivación de las deudas que se habían intentado cancelar.

Esto implica que los acreedores pueden volver a reclamar el total de las deudas originales, así como iniciar acciones judiciales para recuperar lo adeudado.

Existen procedimientos para modificar el plan de pagos en caso de que el deudor enfrente dificultades imprevistas, pero esto debe ser acordado con la aprobación del juzgado correspondiente.